Si, a veces creo un poco en la gente y en nuestro país, un claro ejemplo es esta noche aparecida hoy en el diario critica de la argentina en su edición web bajo el título de “Las maquinas son del que las trabaja”.
La Policía Federal, técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y funcionarios del gobierno porteño concretaron una inédita resolución de la Justicia federal cuando secuestraron, por orden del juez Sergio Torres, más de 70 máquinas tejedoras a un empresario coreano para permitir que sus propios trabajadores esclavizados sigan adelante con “un trabajo decente”.
La sentencia procesó sin prisión preventiva al empresario coreano Ki Sum Kim y a su capataz boliviano Eloy René Chuca Aduviri por los delitos de reducción a la servidumbre de más de 30 trabajadores indocumentados de nacionalidad boliviana. Esa práctica es considerada trabajo esclavo y es perseguida por el artículo 140 del Código Penal, la Ley de Migraciones y por la Ley de Trabajo a Domicilio (12.713), una herramienta que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, busca reemplazar por un polémico proyecto de ley y que los estrados federales hicieron funcionar a poco de que fuera decretada su defunción legal.
Según el fallo al que tuvo acceso Crítica de la Argentina, el juez Torres consideró probado que Kim contrataba mano de obra indocumentada, maltrataba a sus trabajadores, les pagaba menos de lo estipulado por el Convenio Colectivo de Trabajo y los hacinaba en dos piezas de donde no los dejaba salir. Por eso resolvió una de las preocupaciones que nadie aborda cuando se ocupa en estos casos, es decir, qué hacer con los trabajadores esclavizados.
En la resolución, el magistrado entendió que “la clausura del taller ubicado en Deán Funes 1754 (Parque Patricios), si bien castiga a los dos imputados, causa un terrible perjuicio a gran parte de la sociedad que se verá afectada por la carencia de trabajo”.
Sin embargo, “como ésa no es la finalidad de este juzgador”, Torres decidió “disponer la entrega de la totalidad de las maquinarias a una organización social, para que por su intermedio continúe la actividad, cumpliendo con el rol social y económico a las que puedan ser destinadas”, dijo.
La causa comenzó en mayo, cuando la cooperativa La Alameda y la Unión de Trabajadores Costureros aportaron testigos de identidad reservada que contaron cómo eran contratados y en qué condiciones trabajaban. Torres designó como depositario judicial a esta ONG y ordenó al INTI que elaborara un plan de negocios para que los costureros no se queden sin trabajo.
Para Hernán Zunini, coordinador del Subprograma de Unidades Productivas Tipo del INTI, “la idea es que las máquinas sean instaladas en el Polo Textil que el gobierno porteño está construyendo en Barracas”, pero como la comuna demoró su concreción, las máquinas funcionarán en Directorio 3715, una de las sedes de La Alameda. Ahora, la ONG busca a los 30 trabajadores que aportaron a la denuncia, ya que, desde que Torres embargó al coreano, nada se sabe de ellos.
Sera una cosa extraña, un caso raro o realmente alguien con conciencia existe allá afuera ?.
